"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
CERMI Andalucía y Junta firman un acuerdo para mejorar la financiación de los centros de atención a las personas con discapacidad
03/12/2021
CERMI Andalucía ha firmado hoy un acuerdo con la Junta de Andalucía para la mejora de la financiación de los centros que atienden a las personas con discapacidad en Andalucía, una demanda largamente reivindicada por el movimiento andaluz de la discapacidad para poner fin a la situación de déficit que arrastran estos centros desde hace años para sostener sus gastos de funcionamiento y garantizar su supervivencia.
El acuerdo ha sido suscrito por la presidenta del CERMI andaluz, Marta Castillo, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en un acto en el Palacio de San Telmo de Sevilla con la presencia del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
El acuerdo establece una subida del 8% en el coste plaza de estos centros para los dos próximos años, con un incremento del 6% en 2022 y un 2% en 2023, que se suma a la ya acordada para este del 2,6%. Además, se impulsará la realización de un estudio detallado sobre la realidad económica y la viabilidad del actual modelo existente en la actualidad para revisar y ajustar su coste en los años venideros con vistas a garantizar su sostenibilidad en el futuro.
La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, ha calificado de “histórico” el acuerdo suscrito y reconoció el esfuerzo, el diálogo y el compromiso del presidente andaluz y la consejera de Igualdad y todo su equipo por sacarlo adelante en favor del mundo de la discapacidad en Andalucía y añadió que “este es el camino a seguir para conseguir una Andalucía para todos, una Andalucía igualitaria, accesible e inclusiva”.
Marta Castillo abogó por “ir más allá de este acuerdo para que éste sea el punto de arranque para abordar de verdad, a través de un estudio riguroso, el modelo para sostener con garantías a largo plazo esta atención imprescindible para las personas con discapacidad, asignando los recursos justos y necesarios para la prestación con eficacia y calidad de los servicios que requieren estas personas”.
En Andalucía hay cerca de 600 centros de discapacidad que prestan unos servicios fundamentales a más de 12.000 personas con discapacidad y a 30.000 familias en Andalucía. El acuerdo beneficiará también a los 1.400 trabajadores de estos centros, ya que mejorará sus condiciones laborales y la calidad del servicio que prestan.
El acuerdo incluye, además de la subida del coste plaza de los centros, el reconocimiento de una serie de demandas históricas que se venían planteando, entre las que destacan la eliminación del límite de financiación del 80% de estos centros, la reducción del plazo de la incorporación de las personas a los centros de día, la regulación de los días de vacaciones, así como una serie de mejoras legales que permitirán mejorar la gestión de las entidades.
Reforma de la Constitución
Marta Castillo ha puesto de relieve, con motivo del Día Internacional de las personas con Discapacidad, los muchos objetivos pendientes en la lucha de este colectivo como el avance en la accesibilidad plena, la educación inclusiva y el empleo, así como el desarrollo pleno de la autonomía personal para que estas personas puedan tener su proyecto vital con total independencia, además de reivindicar su participación en la recuperación de la crisis para que estas personas no se queden atrás.
Desde CERMI Andalucía se reclama además el consenso de todos los partidos políticos para impulsar la reforma de la Constitución española, algo que se hace urgente en especial en lo referente al artículo 49 de su texto que necesita una inmediata renovación, porque ni la terminología empleada ni el contenido están alineados con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad.
El objetivo es eliminar un término tan hiriente y ofensivo como el de “disminuido”, que recoge dicho artículo, pero además reclamar que se avance en una redacción más ambiciosa y completa que contemple a las personas con discapacidad como titulares plenos de los derechos que promulga la propia carta magna y que se garanticen en condiciones de igualdad.
